LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874)

Bloque 6 | Criterio 7 | Estándares 68, 72 Y 76

Índice

Durante el reinado de Isabel II se estableció el modelo del liberalismo en España y se desmoronó definitivamente el sistema político, económico y social del Antiguo Régimen. En este periodo, los españoles no solo fueron testigos de la guerra civil entre carlistas (absolutistas) e isabelinos (liberales) que había nacido con el conflicto dinástico. También presenciaron que la implantación del liberalismo no estaría exenta de contratiempos. La lucha por el control del gobierno por las diferentes tendencias políticas (moderados, progresistas, unionistas, demócratas, etc.) dotó de inestabilidad al nuevo sistema liberal. No en vano, entre 1833 y 1868 se proclamarían cincuenta y siete gobiernos, que fueron continuamente interrumpidos por lo que sería una constante en el ochocientos español: el pronunciamiento militar.

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ACTIVIDADES

PENDIENTE

LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1833-1840)

El periodo que se desarrolló entre 1833 y 1840 estuvo protagonizado por la primera guerra carlista, iniciada tras la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, y el protagonismo de María Cristina como regente.

LA PRIMERA GUERRA CARLISTA

Fue una guerra civil iniciada por los defensores del absolutismo y de los valores tradicionales encarnados en la figura de Carlos María Isidro, a quien proclamaron rey tras la muerte de Fernando VII. Por tanto, los carlistas representaban la ideología antiliberal y tradicionalista y entonaban el “Dios, Patria y Fueros”, haciendo referencia, así, a su defensa de la Iglesia, del mantenimiento del Antiguo Régimen y de la conservación del foralismo.

¿Quiénes apoyaban esta causa? Sus bases sociales fueron el clero, el campesinado empobrecido y buena parte de la nobleza agraria, especialmente en zonas de País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia.

Por el contrario, la causa isabelina contó inicialmente con el apoyo de una parte de la alta nobleza, los funcionarios y un sector de la jerarquía eclesiástica, aunque el desequilibrio de fuerzas la obligó a buscar adhesión en las filas liberales (burguesía, grupos urbanos), hecho que la comprometió, desde entonces, con la defensa del liberalismo y el fin del Antiguo Régimen.

La guerra finalizó con la firma del Convenio de Vergara (29 de agosto de 1839) entre los generales Espartero, del ejército isabelino, y Maroto, de las filas carlistas. Con el acuerdo se consintió el mantenimiento de los fueros en Navarra y las provincias vascas. También se reconoció a los oficiales del ejército carlista y se acordó su integración en el ejército real, acuerdo que posteriormente fue incumplido.  Aunque ciertos sectores del carlismo y el propio don Carlos rechazaron este acuerdo y prolongaron la guerra en Cataluña y Aragón, la derrota definitiva se produjo en Morella en 1840.

La guerra de Independencia (1808–1814) fue un proceso con doble consideración de guerra y revolución. Por un lado, implicó la lucha contra la invasión francesa y, por otro, iniciaría la caída del sistema del Antiguo Régimen y la futura implantación de un sistema político liberal y constitucional inspirado en el ideario de la Revolución

LA DIVISIÓN DEL LIBERALISMO

Durante el Trienio Liberal, habían comenzado a gestarse dos tendencias en el seno del liberalismo y estas se consolidaron en este periodo. Por un lado, se encontraban los liberales moderados, partidarios de un liberalismo conservador, que buscaban soluciones intermedias entre el absolutismo y la soberanía popular, como la soberanía compartida y limitar los derechos individuales. Esta debía quedar limitada, mediante un sufragio restringido a los más ricos.  Sus bases sociales se encontraban entre los terratenientes, comerciantes, la antigua nobleza, el alto clero y los altos cargos militares.

Por otro lado, los liberales progresistas defendían la labor iniciada por las Cortes de Cádiz y creían en una profunda reforma social y política, que otorgando más protagonismo al Parlamento frente al rey. Defendían la soberanía nacional y eran partidarios de consolidar los poderes locales (los ayuntamientos, la milicia nacional…), y también defendían los derechos individuales y colectivos ( la libertad de opinión, de prensa, de religión, etc.) La mediana y pequeña burguesía, los oficiales del ejército y las clases populares urbanas  fueron sus apoyos sociales.

LOS PRIMEROS GOBIERNOS Y EL ESTATUTO REAL

El primer gobierno de María Cristina como regente tras la muerte del rey fue presidido por Francisco Cea Bermúdez, un declarado absolutista. Pocas fueron las reformas aplicadas durante su gobierno. La más relevante fue la llevada a cabo por el ministro de Fomento, Javier de Burgos, quien configuró la división provincial de España en 1833. Con esta reforma, España quedó dividida en 49 provincias. División que ha sufrido pocas variaciones hasta la fecha actual.

En este contexto transcurría la primera guerra carlista y, como nombramos anteriormente, la regente precisaría de la alianza con los liberales. Era inevitable un cambio de gobierno y María Cristina escogió a Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado en el exilio desde 1823. En este gobierno se realizaron reformas, aunque muy limitadas. Lo más destacable fue la promulgación del Estatuto Real, un conjunto de reglas inspiradas para convocar Cortes. Unas Cortes que serían bicamerales y cuya cámara alta estaría formada por el alto clero, la alta nobleza y personas designadas por la monarquía con el requisito de poseer unos ingresos anuales elevados. Tampoco fue democrática la cámara baja, pues también se exigía un requisito mínimo de renta, una mayoría de edad de 30 años y ser varón para poder votar su composición. Como conclusión, el sufragio quedaba restringido al 0,1 % de la población.

Esta reforma constitucional fue insuficiente para los liberales doceañistas, es decir, aquellos diputados que habían intervenido en las Cortes de Cádiz entre 1810 y 1813 y que ahora se encontraban en el sector del moderantismo. Reclamaban mayor participación ciudadana. Pero también fue inaceptable para los sectores absolutistas, otro frente que debía gestionar el gobierno.

Ante esta situación de crispación política (unida a la debilidad de la Hacienda real, la guerra civil y la epidemia de cólera que azotó el país), se produjeron varios cambios de gobierno (Toreno, Istúriz…) que tampoco evidenciaron grandes cambios y que no supieron frenar el creciente movimiento popular que se gestaba a favor del progresismo. Fueron años sacudidos por oleadas de revueltas urbanas. Apoyados por Juntas revolucionarias, según la tradición de 1808, se amotinaron sectores de la población y asaltaron y quemaron conventos en diversas ciudades. Se redactaron proclamas demandando reunión de Cortes con una nueva ley electoral, así como la libertad de prensa y la extinción del clero regular

Por ello, y ante la necesidad apremiante de conseguir apoyos y recursos financieros para la lucha contra el carlismo, María Cristina, a pesar de sus reticencias, acabó aceptando un gobierno progresista dispuesto a emprender profundas reformas liberales.

LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS

En septiembre de 1835, María Cristina llamó a formar gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal, entonces ministro de Hacienda, quien se convertiría en un protagonista de la revolución liberal española. Pronto se puso a trabajar en un paquete de reformas con el objetivo de conseguir recursos financieros para ganar la guerra. Entre otras acciones, el gobierno de Mendizábal ordenó el reclutamiento de 100 000 personas para la guerra, fuerzas que mantendría reestructurando la deuda nacional y reduciendo el volumen de los intereses que se debían.  Aún sí, la deuda seguía siendo altísima, por lo que Mendizábal realizó reformas sin precedentes: aprobó una serie de decretos que ordenaron la supresión de la práctica totalidad de las órdenes religiosas masculinas y la expropiación y la venta de sus propiedades. Aunque el clero ya había sido golpeado en el gobierno anterior con la disolución de conventos de manos de religiosos o la disolución de la Compañía de Jesús, en esta ocasión el impacto que ocasionó entre los religiosos hizo que estos abrazaran la causa carlista con mayor vehemencia.

La desamortización de Mendizábal consistió en la incautación y nacionalización de las propiedades rústicas y urbanas de la Iglesia por parte del Estado y su posterior venta en subasta pública. El objetivo era recaudar fondos para sanear la Hacienda Pública y crear nuevos propietarios que ensancharan la base social del liberalismo. En 1833, la deuda alcanzaba la mitad del presupuesto del Estado de ese año. Con la desamortización se cerraron 1000 conventos y se exclaustraron 30 000 religiosos. A largo plazo, además, las medidas debían fomentar el desarrollo de la agricultura. Las tierras, hasta entonces improductivas, pasarían a manos de propietarios que pretenderían obtener rendimientos de ellas y se mostrarían más emprendedores.

El resultado de la desamortización no fue el esperado. Permitió reducir el volumen de la deuda, pero no en la cantidad deseada. Tampoco se alcanzó a crear una clase de nuevos propietarios: las tierras vendidas no fueron asequibles a estos potenciales compradores. Esto se debió a que se vendían en grandes lotes y finalmente fueron adquiridas por oligarquías más adineradas.

La desamortización de Mendizábal formó parte de la reforma agraria liberal que se llevó a cabo entre 1836 y 1837. Otras de las medidas fue la disolución del régimen señorial. La pervivencia de los señoríos era incompatible con el sistema político liberal. Esta reforma, que ya se había iniciado en las Cortes de Cádiz, implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales sobre los señoríos. Los señores pasaron a convertirse en propietarios de aquellas tierras.

Por otro lado, se produjo la desvinculación, es decir, la supresión de mayorazgos y fideicomisos. El patrimonio dejó de estar unido de forma obligatoria y a perpetuidad a una familia o institución. Este hecho aumentó la oferta de bienes en el mercado.

En definitiva, entre agosto de 1835 y agosto de 1837 se produjo el desmantelamiento de las principales instituciones del Antiguo Régimen.  Pero las reformas llevadas a cabo no acallaron los disturbios populares y provocaron discrepancias en el seno de los progresistas. Discrepancias que finalmente llevaron a la dimisión de Mendizábal.

Con la caída de Mendizábal, el gobierno acabó en manos de Istúriz, un antiguo progresista que simpatizaba entonces con los moderados. Convocó elecciones, que se celebraron en julio, pero para entonces los ánimos estaban ya muy encrespados. El cólera seguía causando estragos, se dieron años de malas cosechas y la guerra carlista continuaba. No quedaba duda de que la desamortización no iba a traer mejora alguna en la justicia social y las revueltas radicales se sucedían. Parte del ejército ya no estaba dispuesto a luchar por el régimen y el 12 de agosto, parte de la Guardia Real se amotinó en la Granja. María Cristina no tuvo más remedio que responder y acordó la restauración provisional de la Constitución de  1812 hasta que las Cortes no llegaran a una solución definitiva para resolver esta crisis nacional. El resultado más relevante del motín de la Granja fue, por tanto, la convocatoria de unas Cortes que elaboraron una nueva constitución, aprobada en junio de 1837.

La Junta Suprema Central se había disuelto en enero de 1810, incapaz de dirigir la guerra. Pero lo hizo iniciando antes un proceso de convocatoria de Cortes. Este era el paso final del proceso revolucionario que se inició casi al mismo tiempo

LA CONSTITUCIÓN DE 1837

Istúriz emigró y se formó un nuevo gobierno presidido por José María Calatrava. Con él, se restauró gran parte de la legislación de 1812-1814 y de 1820-1823, como la supresión del diezmo. Todo ello tranquilizó bastante a los sectores más progresistas, aunque pronto comenzó a trabajarse sobre una nueva legislación más conservadora que su predecesora, la Constitución de 1812. Surgió así la Constitución de 1837.

Esta Constitución confirió más poder al monarca ya que, aunque mantuvo el principio de soberanía nacional, la potestad legislativa se atribuyó a las Cortes y al rey conjuntamente. La Corona también tenía derecho al veto, podía rechazar la ley y disolver las Cortes. El nuevo texto confirmó la existencia de una segunda cámara. También se acordó la aconfesionalidad del Estado y una amplia declaración de derechos del ciudadano. Fue un texto breve que dejó fuera cuestiones para ser desarrolladas posteriormente por leyes orgánicas, como la Ley de Imprenta, que ya había sido publicada (1836), con la que desapareció la censura previa, y la Ley Electoral (1837), que suprimió el sufragio universal y lo sustituyó por un sufragio censitario y restringió el voto a los mayores contribuyentes (en torno al 2% de la población). La Ley Electoral instauró una práctica que sería común y que se extendería por todo el territorio durante el siglo XIX: el control del proceso electoral por el gobierno y el falseamiento de los resultados electorales.

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE REGENCIA DE MARÍA CRISTINA

Los últimos años de regencia de María Cristina se vieron caracterizados por la alternancia de gobiernos de corte moderada y progresista en un contexto aún de guerra y con el papel cada vez más protagonista de los militares. Generales como Espartero, O´Donnell y Narváez influyeron en la gestión de los diferentes gobiernos que se conformaron entre 1837 y 1840.

En 1840, de la mano de moderados, se inició una legislación que limitó la libertad de prensa, modificó la ley electoral volviéndola más restrictiva y contempló la devolución de los bienes expropiados al clero, así como la reimplantación del diezmo. También se aprobó la Ley de Ayuntamientos, que otorgaba a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincias. Esta ley enfrentó a moderados y progresistas, pues estos últimos defendían la elección directa de los alcaldes. Y no solo a enfrentó a los políticos. Volvieron a tomar protagonismos las Juntas Revolucionarias respaldadas por un amplio movimiento insurreccional. Finalmente, María Cristina, acabó dimitiendo en 1840, no sin antes dar su apoyo a un nuevo gobierno progresista. Este otorgó el poder al general Joaquín, Baldomero FernándezEspartero”, vencedor de la guerra carlista, quien se convirtió en el nuevo regente a partir de ese año.

LA REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843)

La llegada de Espartero, líder de la corriente progresista, implicó una regencia de marcado autoritarismo. Gobernó de la mano de los ayacuchos, camarilla de militares afines, y, a medida que avanzaba su gobierno, su progresismo y su popularidad se irían debilitando.

Entre sus medidas destaca la de continuar con la venta de bienes del clero secular (Ley de Espartero de 1841), frenada en 1840. Para entonces, las relaciones con la Santa Sede estaban rotas como consecuencia de las leyes desamortizadoras y exclaustraciones anteriores.

Quizás, su medida más trascendente fue la aprobación, en 1842, de un arancel que facilitaba la importación extranjera en España. Fue una clara apuesta por el librecambismo. Esto provocó el enfado de la industria textil catalana, ya que el mercado español se abrió a los tejidos de algodón ingleses. Ante un levantamiento en Barcelona (provocado por la burguesía y las clases populares, que veían peligrar sus puestos de trabajo), el general Espartero, buscando la sumisión de los amotinados, mandó bombardear la ciudad. Más de 800 bombas cayeron sobre la Ciudad Condal. Murieron centenares de personas y se destruyeron más de 400 edificios, en lo que fue uno de los episodios más trágicos de la primera mitad del siglo XIX.

Este incidente hizo que a los escasos apoyos parlamentarios con los que contaba se le sumase una drástica reducción de apoyos sociales. Encontrándose cada vez más aisladoS, los moderados, encabezados por Narváez y O´Donnell, participaron en una serie de conspiraciones que obligaron a Espartero a abandonar la regencia en 1843 y encaminarse hacia el exilio.

LA DÉCADA MODERADA (1844-1854)

Si entre 1833 y 1843 se forjaron los rasgos que caracterizarían a España (liberalismo y corrupción política), en el periodo de 1844 y 1854 se asistiría a su consolidación. El poder y la autoridad quedarían concentrados en manos de una pequeña élite que gobernaría España bajo sus propios intereses.

Tras la caída de Espartero, Ramón Narváez cobró protagonismo y sería nombrado capitán general de Madrid. Ante el posible regreso de María Cristina, se propuso adelantar la mayoría de edad de Isabel II, quien, con solo 13 años, se proclamó reina de España.

Se formó un nuevo gobierno de la mano de Olózaga, quien restablecería la milicia nacional y profundizaría en las reformas progresistas. Por consejo de Narváez, rápidamente fue sustituido por González Bravo. El nuevo presidente, periodista moderado, reprimió con dureza los levantamientos, cerró los periódicos progresistas y creó la Guardia Civil, un nuevo instrumento de control social en las zonas rurales.

Con este gobierno comenzaría la “década moderada” en la que se alternarían diferentes presidentes moderados. El más destacado, el propio Narváez, que asumió la presidencia en cuatro ocasiones. Su política se centraba en la estructuración de un nuevo Estado, centrado y uniforme, en el que predominaban el orden y la autoridad. Con ello, se puso así fin a las etapas revolucionarias anteriores. La represión fue tan marcada, que los principales líderes progresistas optaron por marcharse. Los mecanismos electorales fueron tradicionalmente falseados para garantizar el triunfo del partido del gobierno. A los opositores no les quedaba otra alternativa que conspirar para alcanzar el poder.

LA CONSTITUCIÓN DE 1845 Y LA CONFIGURACIÓN DEL NUEVO ESTADO

El gobierno de Narváez elaboró una nueva constitución, la de 1845. De carácter moderado, estableció la soberanía compartida entre las Cortes y el monarca. El Senado era elegido por la Corona, quien también podía nombrar ministros y disolver las Cortes. Se aprobó la supresión de la milicia nacional; los ayuntamientos y diputaciones quedaron sometidos a la Administración central; y acordó la unidad católica con la declaración de oficialidad de la religión católica y el mantenimiento del culto y el clero.

Aunque la Constitución mantuvo la declaración de derechos de la de 1837, estos fueron restringidos en leyes y decretos posteriores. Por ejemplo, en 1845 se reguló la libertad de imprenta, con la que se dotó al gobierno de control sobre lo que se escribía y publicaba. La Ley Electoral de 1846 también planteó un sufragio censitario muy restringido (en torno al 1% de la población tendría derecho al voto). Se suspendió la venta de bienes desamortizados a partir de un decreto de agosto de 1844 que también implicaba la devolución de los que no habían sido vendidos a sus propietarios.  Las leyes de administración local y provincial (1845) establecían que la Corona podía designar a los alcaldes de las ciudades más importantes, que pasarían a depender de los jefes políticos de cada provincia.  En otras ciudades, simplemente votaban los mayores contribuyentes. Con este sistema, vigente hasta 1870, se aseguraban el control del poder local y las elecciones.  Se creó la Comisión Nacional de Codificación, de la que surgieron los códigos fundamentales de la administración del Estado: el de comercio (1829), el civil (1851), el penal (1848), la Ley de Enjuiciamiento Civil (1855), etc. También se estableció el plan de estudios que imperaría en España desde el siglo XIX con tres niveles educativos: primaria, secundaria y universidad.

En 1851, siendo presidente Bravo Murillo, se firmó un Concordato con la Santa Sede que reafirmaba la unidad y la confesionalidad católica del Estado, y se reconoció el derecho de la Iglesia a adquirir bienes que ya no serían desamortizados. Finalmente, se reconoció el derecho de la Iglesia católica a fiscalizar la enseñanza, tanto en los colegios religiosos, como en la enseñanza pública.  

Otras de las nuevas medidas para consolidar la estructura del nuevo Estado fue la Ley Mon-Santillán de 1845. Esta hizo aumentar los ingresos de la Hacienda pública centralizando los impuestos en manos del Estado. También se aprobó la reforma de la Administración pública, a través de la que se creó una ley de funcionarios que regulaba su acceso.

LA CRISIS DEL GOBIERNO MODERADO

Una sucesión de diferentes gobiernos moderados (solo entre 1846 y 1847 hubo siete gobiernos); la corrupción y el nepotismo que dominaba la función pública; el falseamiento electoral y a la búsqueda del propio interés de las camarillas que influían en la vida política, acabaron por gestar una crisis. Para que la estabilidad reinara en España, era preciso acabar con todos estos vicios.

Entre 1850 y 1852 se agudizó el autoritarismo durante el gobierno de Bravo Murillo. Propuso una reforma constitucional que transformaría el Estado en una dictadura tecnocrática, es decir, la posibilidad de gobernar por decreto y suspender indefinidamente las Cortes. Poco partidario del sufragio y el parlamentarismo, su objetivo era el fomento de la riqueza y lograr una administración eficiente. Esta propuesta tuvo escasos apoyos y Bravo Murillo se vio obligado a dimitir. Relevante fue la aprobación, durante su mandato, del decreto de Puertos Francos de 1852, que propiciaría el desarrollo económico y social de Canarias.

Entre mayo de 1846 y junio de 1849 estalló en Cataluña la segunda guerra carlista. Esta guerra se gestó por la oposición al posible matrimonio entre Isabel II y don Carlos Luis, hijo de Carlos María Isidro, en el que este había abdicado en 1845

En este contexto, el autoritarismo y el descontento de las clases sociales populares, cada vez más apartadas de la participación política, unidos a un comercio en decadencia, llevaron a al levantamiento de progresistas, demócratas y de algunos sectores moderados, decepcionados con la gestión del gobierno.

LOS NUEVOS PARTIDOS DEL PERIODO

Los partidos políticos del siglo XIX no pueden ser entendidos como los actuales. No se trataba de grupos homogéneos con una ideología y programa definidos. Se trababan de agrupaciones de personas influyentes y poderosas, camarillas, vinculadas por relaciones personales o intereses económicos. La división interna entre sus líderes y el enfrentamiento eran comunes. El control de la prensa política y la corrupción electoral, sus armas.

A la distinción entre moderados y progresistas, vista anteriormente, habría que sumarle la creación en 1854 de la Unión Liberal. Un nuevo partido nacido como escisión de los moderados que aglutinaba también a los sectores más conservadores del progresismo. Se presentaba como una opción centrista. Sus impulsores fueron los generales Serrano y O´Donnell.

Anteriormente, en 1849, se había formado el Partido Demócrata, producto de una escisión de los progresistas. Esta facción defendía la soberanía popular y el sufragio universal masculino, la ampliación de las libertades públicas y el sistema unicameral, así como la defensa de la milicia nacional, la libertad de culto y la elección de ayuntamientos y diputaciones. Sus bases sociales se encontraban en las clases populares urbanas.

El republicanismo surge también en este periodo como oposición a la monarquía de Isabel II. Los republicanos, que tomarán más protagonismo posteriormente, defendieron la república como única opción válida para garantizar la democracia.

EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)

En junio de 1854, de la mano de los generales Dulce y O´Donnell, se produjo “la Vicalvarada”, un pronunciamiento en Vicálvaro, de carácter militar, pero con contenido político. Contenido que se vio reflejado en el Manifiesto de Manzanares. Un texto, en cuya redacción participó Cánovas del Castillo, que fue decisivo gracias a su rápida difusión por el uso del telégrafo, que empezaba a extenderse en la época.  En esta proclama se pedía un régimen representativo, la supresión de la camarilla palaciega, la reducción de impuestos, la descentralización municipal, una nueva ley de imprenta y electoral y unas Cortes Constituyentes.

El nuevo gobierno estuvo presidido por Espartero, progresista, y O´Donnell fue nombrado ministro de guerra (Unión Liberal). Con él se intentaron restaurar los principios del progresismo, así como la Milicia y la Ley Municipal.

Durante este periodo, se tuvo que hacer frente a un nuevo levantamiento carlista y se dictó la Ley Desamortizadora de 1855, a cargo del ministro Madoz. En esta ocasión, los bienes desamortizados eran de la Iglesia, pero también del Estado, de las órdenes militares y, especialmente, de los ayuntamientos. Eran los llamados bienes de propios y comunales. El objetivo era el mismo que el de 1836-1837 con la desamortización de Mendizábal y la eliminación de la propiedad vinculada: obtener recursos económicos y modernizar España. De hecho, buena parte de los ingresos obtenidos se invirtieron en la red de ferrocarriles, pero esta ley tuvo una fuerte oposición, ya que su aplicación provocó una nueva ruptura de la Santa Sede con España. También tuvo el efecto de volver a favorecer a medianos y grandes propietarios, quienes pudieron ampliar aún más sus posesiones. Los efectos que tuvo en las condiciones de vida de campesinos y pequeños propietarios fueron muy altos, ya que la privatización de las tierras les impidió utilizar recursos (pastos, leñas, caza) con los que hasta entonces complementaban sus escasos ingresos.

También en este periodo se redactó una constitución, la de 1856, que nunca llegó a ser promulgada y tenía un marcado carácter progresista, pues defendía la libertad de imprenta, la elección directa de los alcaldes, la recuperación de la milicia nacional, el establecimiento de un Parlamento bicameral y defendía la libertad religiosa.

Las medidas reformistas del bienio no resolvieron el descontento de las clases populares por el elevado costo de vida y la crisis de subsistencia que atravesaba, por lo que se produjeron numerosos conflictos sociales, como huelgas obreras y levantamientos campesinos. En este contexto irrumpe el movimiento obrero en la escena política del país. Ante la incapacidad de resolver esta situación y frente a las discrepancias que surgían dentro de los ministros de la coalición, Espartero dimitió y se produjo el ascenso de O´Donnell, quien reprimió con dureza las protestas, comenzando así una nueva etapa moderada con el protagonismo de la Unión Liberal de O´Donnell.

LA CRISIS DEL SISTEMA ISABELINO (1856-1868)

Este periodo se ha registrado en la historia como uno de los periodos de mayor inestabilidad política del siglo XIX. A la continua alternancia en el poder de unionistas y moderados y a la marginación política del partido progresista, cada vez más cercanos a los demócratas, se añade la continua injerencia de la reina en los asuntos gubernamentales y el recurso al pronunciamiento militar, que continuaba siendo una constante.

En este contexto político, la grave crisis económica terminó por desmoronar el sistema isabelino y marcó el fin de una etapa.

LOS GOBIERNOS UNIONISTAS

Durante el periodo unionista de 1856 a 1863, es cierto que se presenció un tímido crecimiento económico producido por la tardía introducción del ferrocarril y la especulación de las acciones ferroviarias en Bolsa. Esto dotó al gobierno de cierta estabilidad, aunque en ello tuvo que ver también el amaño de las elecciones para asegurar una mayoría parlamentaria.

En esta etapa se aprobaron leyes importantes, como la Ley Moyano de educación (1857), en un intento de mejorar la enorme tasa de alfabetización que mantenía España. También se probaron otras leyes para conformar el nuevo sistema administrativo.

Como hecho relevante y diferente a los periodos anteriores podemos remarcar la política exterior que se llevó a cabo. Muy activa y con el objetivo de conseguir prestigio internacional. Entre 1858 y 1860 se llevaron a cabo campañas en Indochina, México y Marruecos que produjeron un resultado desigual. La gestión llevada a cabo no fue eficaz y tres años después comenzaba a resquebrajarse la estabilidad gubernamental y a gestarse los primeros síntomas de descomposición interna. Ello implicó a la dimisión de O´Donnell y a la entrega del gobierno a los moderados, por parte de la reina.

EL FIN DEL REINADO 

En esta coyuntura de inestabilidad e ineficacia política, la reina vuelve a entregar la presidencia a Narváez, quien no mejoró la situación de debilidad que evidenciaban los gobiernos. La marginación política de los progresistas y la falta de apoyos sociales, unido al ejercicio del poder de forma autoritaria, desembocaron en una nueva insurrección. Esta vez los progresistas, con apoyo de los demócratas, conseguirían ganar influencia entre las clases populares.

En los últimos años del reinado de Isabel II, España estuvo sumida en una crisis económica. Fue una crisis financiera e industrial que coincidió con una crisis de subsistencia que provocó un descenso del nivel de vida de las clases populares.

En junio de 1866 se produjo un pronunciamiento militar en el cuartel de San Gil de Madrid. Pronunciamiento que implicó una dura respuesta represiva y que llevó a un saldo de 66 fusilados y más de mil prisioneros. El impacto político derivó en la huída al exilio de O´Donnell. Dos meses después, en agosto de 1866, se firmaba el pacto de Ostende, en Bélgica. Progresistas y demócratas acordaron la necesidad de imponer un cambio radical en la política española. Y este cambio radical suponía quitarle el trono a Isabel II. Dos años después se produciría el pronunciamiento que desencadenaría la revolución de 1868, conocida como La Gloriosa.

EL SEXENIO DEMOCRÁTICO

El periodo histórico 1868 – 1784 fue la última etapa de la revolución liberal en España. Es conocido por diversos nombres, como Sexenio Democrático, ya que por primera vez se introduce en España un ideario democrático sustentado en el sufragio universal y amplios derechos sociales. La inestabilidad que caracterizó al periodo producida por los continuos cambios de regímenes políticos y conflictos de diversa índole (levantamiento carlista, guerra de Cuba, aparición del federalismo e irrupción del movimiento obrero) le han dado también los apelativos de “gloriosa” y de “revolucionario” a dicho sexenio. Un gobierno provisional, un rey extranjero, una tímida República y la dictadura del general Serrano son los elementos que caracterizan este convulso periodo.

A nivel social, la burguesía acaparó el protagonismo de este periodo manteniendo un pulso constante con los sectores más revolucionarios. El resultado final fue el fracaso en el intento de modernizar la política del país y la vuelta a España de la monarquía de los Borbones. En este caso de la mano de Alfonso XII.

LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE DE 1868

La alianza entre progresistas, demócratas y unionistas supuso la irrupción en España de un ideario revolucionario. Defendido especialmente por los demócratas, este consistía en la defensa del sufragio universal, la supresión de medidas impopulares como los consumos o las quintas y la defensa de las clases trabajadoras. A pesar de ello, la teórica defensa de las clases populares no se materializó ya que todo intento de subversión de las clases trabajadoras y de las juntas revolucionarias fue perseguido. La finalidad de dicha revolución parecía ser consolidar el auge de la burguesía y del sistema capitalista y vincularlos definitivamente al poder político.

El 19 de septiembre de 1868 se produjo el pronunciamiento militar contra el gobierno de Isabel II del almirante Juan Bautista Topete en la bahía de Cádiz. Comenzaba el movimiento revolucionario conocido como La Gloriosa.

Tras el levantamiento, la revolución se fue extendiendo desde Cádiz por toda la Península. En Andalucía, los revolucionarios se encontraban al mando del general Serrano, que había vuelto de su destierro en Canarias. Isabel II intentó defender el trono con las armas, pero su incapacidad por hacer frente a la sublevación y el inmenso apoyo popular a la revolución, la obligó a entregar el gobierno a una junta revolucionaria en Madrid el 29 de septiembre de 1868. Días más tarde la junta revolucionaria encomendó al general Serrano la formación de un gobierno provisional y este se convertiría en regente tras las futuras elecciones y la aprobación de la constitución que acabaría derrocando a los Borbones. El general Prim, que había sido recibido de su exilio londinense y se había sumado a la causa revolucionaria sería nombrado jefe del Gobierno. Un gobierno formado por progresistas y unionistas que marginaba al resto de las fuerzas políticas. Se constataba, así la intención de derrocar a los Borbones y al Partido Moderado, pero sin pretender cambios revolucionarios en el sistema político.

LA REGENCIA DE SERRANO Y LA CONSTITUCIÓN DE 1869

Las primeras medidas del gobierno provisional incluían la promulgación de una serie de decretos para contentar las demandas populares, como la libertad de imprenta, el sufragio universal masculino (solo para mayores de 25 años), emancipación de los hijos de esclavos nacidos tras la revolución y el derecho de reunión y asociación. Pero también aplicaron medidas para controlar el carácter revolucionario de la transición, como la disolución de las juntas y la reorganización de la milicia nacional.

A este paquete de medidas, se les sumaron otras de índole económica como la creación de la peseta como moneda nacional, la Ley de Minas y un arancel librecambista. Todas ellas leyes que desoían las demandas populares y democráticas y consolidaban el carácter conservador y burgués de la revolución.

Pronto tuvieron lugar las elecciones a Cortes Constituyentes. Los comicios fueron los primeros que reconocieron el sufragio universal masculino en España y, aunque el resultado dio la victoria a una coalición de progresistas, unionistas y un sector de los demócratas que mostraba una preferencia por la fórmula monárquica, aparecieron en escena dos minorías importantes: la republicana y la carlista.

La labor legislativa más importante del nuevo gobierno fue la redacción de una nueva constitución que fue aprobada el 1 de junio de 1869.

Conocida como la primera constitución democrática de la historia, la Constitución de 1869 amplió los derechos y libertades. En su preámbulo se recocía la soberanía nacional de base popular y se proclamaba la división de poderes. Los derechos sociales más relevantes que se reconocieron fueron, entre otros, el reconocimiento del derecho a la manifestación, a la reunión y  a la asociación, a la igualdad para la obtención de empleo y a la libertad de enseñanza. La libertad de culto (aunque el catolicismo seguía siendo apoyado por el Estado), la libertad de residencia y de expresión.

Se instauró un sistema bicameral compuesto por un Congreso y un Senado en el que residía el poder legislativo. El rey podía promulgar leyes, pero no podía vetarlas, y sus poderes quedaban bastante limitados.

Respecto a las provincias de ultramar, Filipinas quedaba gobernada por un rey especial mientras que Cuba y Puerto Rico disfrutaban de los mismos derechos que los peninsulares.

¿Cuáles fueron los problemas más acuciantes de la regencia de Serrano?

Podríamos centrarlos en cinco: por un lado, la resistencia de los republicanos a la adopción de la monarquía como forma de gobierno. Esto produjo la firma del Pacto de Tortosa (los firmantes pretendían un proyecto de corte federal) en mayo de 1869 y sucesivos levantamientos armados en Aragón y en el Levante español. Otro de los problemas a los que tuvo que enfrentarse el gobierno fue el proceso de radicalización del movimiento obrero y la expansión de las ideas vinculadas a la I Internacional: anarquismo y socialismo. Por otro lado, la guerra colonial de Cuba, que se había iniciado en 1868. También el descontento de las capas populares urbanas y rurales, que no veían resueltas sus demandas sociales. Por último, la oposición de los carlistas, pero también de los alfonsinos (moderados partidarios de Alfonso, hijo de Isabel II), de intereses contrapuestos pero contrarios a la nueva Constitución.

A estos problemas hubo de sumarse la tarea de encontrar un nuevo monarca. La Constitución de 1869 establecía como forma de gobierno una monarquía democrática que sustituyese a la dinastía de los Borbones.

EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA

Cinco fueron los candidatos que postularon para ostentar la corona del reinado de España. El elegido fue, finalmente, Amadeo de Saboya, y en ello tuvo que ver el empeño del general Prim, quien presentó oficialmente su candidatura el 3 de noviembre. Se trataba de un monarca con una concepción democrática de la monarquía, pero contaba con escasos apoyos. En la votación por su candidatura solo había obtenido 191 de los 311 votos necesarios. A ello hubo que sumarle la pérdida de su principal valedor y apoyo. El general Prim murió el mismo día que el monarca desembarcaba en España, a consecuencia de un atentado sufrido días antes. Por si esto no fuera suficiente, pronto Amadeo tuvo que hacer frente a una nueva amenaza: el carlismo. En 1872, los carlistas se sublevaron con el ánimo de devolver el trono a los Borbones en a figura de Carlos VII.

El reinado de Amadeo de Saboya se caracterizó por su permanente inestabilidad. El menosprecio o la indiferencia de los altos mandos militares y de la aristocracia se conjugaba con la división interna de los partidos que lo apoyaban. Esta división era el reflejo del personalismo y del bipartidismo que caracterizaba la vida política española. Por otro lado, los sectores republicanos y los grupos populares tampoco le mostraban su apoyo. También en 1872 se produjeron insurrecciones de carácter federalistas con influencia de ideas internacionalistas.

A todos estos problemas cabría añadirle el estallido de la guerra de Cuba, iniciada en 1868. El gobierno de Amadeo de Saboya tuvo que enfrentarse tanto a los independentistas y defensores de la abolición de la esclavitud como a los españoles que controlaban los negocios en la isla, quienes exigían mantener la esclavitud y se opusieron a las reformas que intentó proponer el gobierno.

La crisis final del reinado de Amadeo de Saboya, un reinado que contó con seis gabinetes y tres elecciones generales, se propició por la desintegración de la coalición gubernamental (unionistas, progresistas y demócratas). En este contexto Amadeo de Saboya presentó su renuncia al trono el 11 de febrero de 1873 y abandonó España, frustrando el primer experimento de monarquía democrática española.

LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA

La última etapa del Sexenio fue la Primera República, cuya duración no alcanzó un año y fue derrotada por un golpe de Estado en 1874.

Las Cortes, depositarias de la soberanía nacional en ausencia del monarca, celebraron elecciones y el 11 de febrero de 1873 se proclamó la república por una amplia mayoría de votos (258 frente a 32 en contra). No obstante, estos resultados no fueron el reflejo de un apoyo real al republicanismo. Muchos votantes monárquicos simplemente esperaban ganar tiempo para reorganizar el retorno de los Borbones. Este hecho sentenciaría el futuro fracaso de la I República. El auge del republicanismo estribó en el gran apoyo de las masas populares, desencantadas con las promesas incumplidas de progresistas y demócratas. La República tampoco fue reconocida internacionalmente. Salvo EE.UU. y Suiza, las demás potencias la percibieron como un régimen revolucionario.

Fue nombrado presidente del gobierno Estanislao Figueras, un republicano federal, y para su gobierno no solo contaría con miembros de su partido sino también con algunos republicanos unitarios.

¿Quiénes eran los republicanos unitarios y los federales?

El Partido Republicano Federal había surgido de una escisión del Partido Demócrata en 1868. Sus dirigentes eran Pi Margall y Figueras. Este partido defendía un sistema de pactos entre los distintos pueblos o regiones históricas como una nueva forma de articular el Estado. Defendían la república, la separación de la Iglesia y el Estado, se oponían a las injerencias del ejército en la política y defendían una ampliación de derechos sociales. Sus apoyos sociales venían de la pequeña burguesía y de las clases populares urbanas, así como de parte del movimiento obrero y campesino.

Dentro de los republicanos federales existían dos tendencias. Los partidarios de la legalidad (los llamados benévolos, entre los que se encontraban los dirigentes del partido) y aquellos que apoyaban la insurrección como vía para proclamar la república federal. Los llamados intransigentes.

Por otro lado, los republicanos unitarios, encabezados por Emilio Castelar, diferían del modelo federal para el Estado y defendían una república unitaria y posiciones mucho más conservadoras desde el punto de vista social y político.

La lucha entre federales y unitarios o radicales marcó el camino de la primera experiencia republicana, iniciada el 11 de febrero de 1873 y finalizada el 3 de enero de 1874 a raíz de un golpe de Estado. Cuatro presidentes (Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar) y seis gobiernos en menos de un año demostraron la fragilidad del nuevo régimen. Un régimen que tropezó con múltiples dificultades, como las guerras carlistas y cubanas y una revolución cantonal.

El primer gobierno de Estanislao Figueras mantuvo la Constitución de 1869, de la que solo se suprimieron los artículos referentes a la monarquía. Pronto se convocaron elecciones con carácter constituyente y el 7 de junio se proclamó la República Democrática Federal. En ese tiempo se abolió la esclavitud en Puerto Rico y se suprimieron las quintas. Figueras fue sustituido por Francesc Pi i Margall, de ánimo más conciliador. Quiso negociar con carlistas y republicanos radicales, pero se vio sorprendido por una huelga general que derivó en una insurrección generalizada. La insurrección fue aplacada con violencia y este hecho desencadenó el cantonalismo.

El cantonalismo surgió como defensa ante una posible derechización de la república y como medio de presión para implantar la república federal, pendiente aún de Constitución.  Fue un fenómeno complejo que incluía a defensores de la estructura federal y a aquellos que pretendían avanzar en reformas sociales. 

Una vez derrotados la mayoría de los cantones comenzó la discusión del proyecto de Constitución. Para entonces ya estaba Salmerón en el poder. El proyecto de Constitución, que nunca llegó a ver la luz, seguía la estela del de de 1869: implantación de la democracia y amplio reconocimiento de derechos y libertades. Se mantendría el sistema bicameral, defendía la separación de la Iglesia y el Estado,  y se ratificaba la abolición de la esclavitud en las colonias, entre otras medidas. Lo más novedoso fue la configuración del país, compuesto por diecisiete Estados, entre ellos, Cuba. El poder emanaría de tres niveles: municipios, Estados regionales y Estado federal. Era la primera vez que un texto constitucional planteaba una fórmula de Estado no centralista y recogía tradiciones regionalistas que estarían en el origen de futuras propuestas nacionalistas.

En este contexto el gobierno republicano seguía enfrentándose a graves problemas: la insurrección carlista, la guerra de Cuba y el cantonalismo, que aún persistía. Salmerón dimitió a principios de septiembre y la presidencia recayó en Emilio Castelar, dirigente del partido unitario. La República inició un progresivo desplazamiento hacia la derecha.  Este vuelco conservador incluía la aplicación de una política de autoridad y fuerza para controlar el cantonalismo. Castelar gobernó autoritariamente suspendiendo sesiones parlamentarias y, finalmente, sus opositores elevaron una moción de censura. El gobierno de Castelar fue derrotado y, ante la inminente formación de un gobierno de izquierdas, el capitán general de Castilla la Nueva, Manuel Pavía, invadió el hemiciclo con las fuerzas de la Guardia Civil. Sin encontrar resistencia, el 4 de enero de 1874, se finalizaba con la orientación democrática de la República.

Pavía reunió  a los tres capitanes generales que se encontraban en Madrid, entre los que se encontraba Serrano, y se impuso una república con Serrano como presidente. De enero a diciembre de 1874 se impuso la dictadura del general Serrano. Se trataba de una dictadura personal encubierta bajo la forma republicana.  Dio un papel primordial al ejército y mantuvo en suspenso la Constitución de 1869. Aun así, la base social que pudo apoyarle ya se había decantado por otro proyecto: la restauración en el trono de los Borbones.

El 29 de diciembre de 1874 el militar Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto y proclamó rey de España a Alfonso XII, en quien la reina ya había abdicado. Cánovas del Castillo, político, se había convertido en dirigente e ideólogo de la restauración, al redactar el Manifiesto de Sandhurst, que firmaría Alfonso XII. En ese manifiesto se sentaban las bases del nuevo programa: un régimen conservador y católico para garantizar el funcionamiento del sistema político liberal y el restablecimiento del orden político y social. Tras el fallido intento de instaurar un régimen democrático durante el Sexenio (1868–1874), se inauguró una nueva etapa que duraría más de cincuenta años.

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