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LA CRISIS DEL REINADO DE CARLOS iv

Sí, el reinado de Carlos IV fue, efectivamente, un periodo de fuerte inestabilidad política y económica. En el ámbito de la economía, se caracterizó por un estancamiento económico, un alza de precios y una crisis agraria. Los acontecimientos internacionales condicionaron este periodo. España no pudo permanecer neutral y se vio involucrada en unos conflictos bélicos con Francia e Inglaterra que desgastarían sus finanzas públicas a la par que implicarían una crisis en el  comercio colonial y el declive político de nuestro país en el continente americano.

EL REINADO DEL CAZADOR

En 1792, Carlos IV confió el poder al militar Manuel Godoy, quien se convirtió en su valido. Años después Godoy comenzó a acumular un gran poder, generando una fuerte oposición por parte de diversos sectores políticos y sociales. Godoy se ganó el descontento de la nobleza y del clero al aplicar reformas económicas, como la desamortización de tierras eclesiásticas con el fin de conseguir recursos para sanear la Hacienda pública. Y provocó también el descontento popular al incrementar los impuestos sobre el campesinado. El campo pasaba hambre, escasez y epidemias. Ante esta situación, que el monarca no sabía cómo resolver, se generaron motines y revueltas que responsabilizaban a Godoy de la gravedad de la crisis.

También existía descontento con la gestión de las relaciones internacionales. La subordinación de la política exterior española a las necesidades de la Francia de Napoleón ya había tenido como consecuencia la destrucción de gran parte de la armada española (derrota de Trafalgar, 1805), pero un nuevo acuerdo con Francia, el Tratado de Fontainebleau, firmado por Godoy con la aquiescencia de Carlos IV en 1807, acabó por acelerar los acontecimientos. El tratado permitía la entrada de tropas francesas para ocupar el reino de Portugal (aliado de Gran Bretaña) y repartirlo entre las coronas francesas y españolas. También Godoy saldría beneficiado con la creación de un principado a su nombre.

Los franceses, efectivamente, entraron en España atravesando los Pirineos y se asentaron en Vitoria, Madrid y Barcelona, puntos estratégicos. La población no permaneció impasible, pues se pensaba que el tratado era únicamente una excusa para ocupar el país y el monarca también temía una verdadera invasión francesa.

El 18 de marzo de 1808 estalló un motín en Aranjuez. El motín contaba con participación popular, pero estuvo dirigido por la nobleza y el clero y tenía como objetivo la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando. La revuelta concluyó con éxito, pues Godoy se vio obligado a huir y renunciar a su cargo, y Carlos IV abdicó en su hijo Fernando.

La caída de Godoy y de Carlos IV evidenciaron la profunda crisis de la monarquía española.

Poco después, Carlos IV, arrepentido, escribiría a Napoleón reclamando su ayuda para recuperar el trono. Esta muestra de debilidad e incapacidad de la monarquía española fue aprovechada por el emperador, quien convocó a la familia real española en la ciudad francesa de Bayona. Aprovechando ese vacío de poder en España, Napoleón decidió definitivamente invadir el país, ocupar el trono y anexionar España a su imperio.

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

La guerra de Independencia (1808–1814) fue un proceso con doble consideración de guerra y revolución. Por un lado, implicó la lucha contra la invasión francesa y, por otro, iniciaría la caída del sistema del Antiguo Régimen y la futura implantación de un sistema político liberal y constitucional inspirado en el ideario de la Revolución

EL LEVANTAMIENTO CONTRA LOS FRANCESES

Con la salida de los últimos miembros de la familia real de Madrid, y ante la creencia de que Napoleón mantenía secuestrada a la familia real, el día 2 de mayo el pueblo de Madrid se alzó contra las tropas francesas. Estas, unos 30000 hombres, comandados por el general Murat, reprimieron duramente la insurrección y este hecho sería duramente retratado por Goya en su obra Los fusilamientos del 3 de mayo.

Mientras tanto, en Bayona, ambos monarcas monarcas abdicaron en la persona de Napoleón Bonaparte, quien cedió el trono a su hermano José y convocó las Cortes para aprobar un nuevo documento que ratificase el nombramiento de José I: el Estatuto de Bayona. El Estatuto de Bayona era una carta otorgada a través de la cual se pretendió institucionalizar una monarquía autoritaria, pero con un reconocimiento básico de libertades, como la libertad de comercio, de imprenta o el habeas corpus.

EL DESARROLLO DE LA GUERRA

La insurrección generó un movimiento popular de resistencia en todo el país que consiguió frenar el avance de las tropas francesas pues, para gran parte del pueblo español, el nuevo gobierno era ilegítimo. Por ello, considerando el vacío de poder, en muchas localidades se formaron Juntas para organizar el gobierno y la defensa. No fueron juntas realmente populares, pues muchas estaban formadas por nobles, militares y clérigos partidarios de Fernando VI. Estas juntas pretendían canalizar la agitación popular y, ante la necesidad de una coordinación mayor, se crearon las juntas provinciales que asumieron la soberanía en ausencia del rey.

En septiembre de 1808, aprovechando una derrota del ejército francés (batalla de Bailén, 9 de julio de 1808), los representantes de las juntas provinciales acudieron a Madrid para formar la Junta Suprema Central con ánimo de dirigir el país y coordinar la lucha. La Junta Suprema Central asumiría la autoridad hasta el retorno de Fernando VII, a quien se consideraba legítimo monarca. El avance francés obligó a la Junta a replegarse en Sevilla y finalmente en Cádiz en 1810, donde se disolvió y fue sustituida por una regencia.

Poco antes, en 1809, el dominio francés se había extendido por prácticamente todo el territorio. José I había iniciado una serie de reformas que se concretaron en la abolición del régimen señorial, la desamortización de tierras de la Iglesia y la desvinculación de los mayorazgos y tierras de manos muertas. También suprimió la Inquisición.

Ante la incapacidad del ejército español, surgió de forma espontánea una nueva resistencia a la invasión: la guerrilla. La guerrilla le dio protagonismo al pueblo llano en la lucha contra el invasor. Fueron un total aproximado de 55 000 hombres (frente a los 70 000 del ejército regular español) que se organizaron en grupos de entre 30 y 50 combatientes. Su táctica fue la de hostigar al ejército francés por sorpresa, aprovechando el conocimiento del terreno. Los continuos asaltos acabaron por someter al ejército invasor a un desgaste sin precedentes durante el conflicto.

En 1812 cambió el curso de la guerra. La campaña de Napoleón en Rusia obligó a retirar efectivos de la Península. Esta situación fue aprovechada por el ejército, con el apoyo de la guerrilla y del ejército británico al mando del general Wellington, y consiguieron una victoria que aceleraría el final de la guerra (Victoria de Arapiles, Salamanca, 1812). La victoria obligó a José I a abandonar Madrid, y Napoleón, superado por los acontecimientos del frente oriental, decidió pactar el final del conflicto y permitir el retorno del rey Fernando VII (Tratado de Valençai, diciembre de 1813). Con la firma de este tratado se daba por concluida la guerra de Independencia.

IDEOLOGÍAS POLÍTICAS DEL PERIODO

La invasión francesa provocó que las corrientes ideológicas y políticas se posicionasen a favor o en contra de la confrontación.

Por un lado, se encontraban los afrancesados, una minoría de españoles formada por intelectuales, parte de la nobleza y altos funcionarios, que simpatizaban con el programa reformista y el deseo de modernizar España.

Por otro lado, los patriotas, el grueso de la población, defendían la monarquía borbónica y eran contrarios a la nueva dinastía impuesta por Napoleón. Dentro de este bando se manifestaban dos posiciones muy diferentes: los liberales (burgueses, profesionales), que vieron en el conflicto la oportunidad de implantar en España un sistema político liberal, basado en una constitución y en la defensa de la soberanía nacional, la división de poderes y la abolición de los privilegios estamentales. El otro grupo de patriotas defendía las posiciones de defensa del Antiguo Régimen. Eran los absolutistas.

LAS CORTES DE CÁDIZ

La Junta Suprema Central se había disuelto en enero de 1810, incapaz de dirigir la guerra. Pero lo hizo iniciando antes un proceso de convocatoria de Cortes. Este era el paso final del proceso revolucionario que se inició casi al mismo tiempo

CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTES

El Consejo de Regencia de España e Indias, o Regencia de España, representaba el órgano de gobierno tras la disolución de la Junta Suprema Central y tuvo como misión la organización de las Cortes Constituyentes.  Esta regencia, formada por cinco miembros, organizó una “consulta a país” a través de las juntas provinciales y otras instituciones con la finalidad de sondear sobre las reformas que debían llevar a cabo las Cortes.

Entre los diputados de las Cortes existían diferentes defensas: los que pretendían que no se modificase nada del sistema político absolutista; los que pretendían un régimen intermedio entre el absolutismo y un modelo constitucional basado en la soberanía de la nación (Jovellanos defendía esta opción); y los liberales, que proponían una cámara única que asumiera la soberanía nacional y la elaboración de una constitución que recogiese de las aportaciones de la Revolución francesa. La mayor parte de los diputados simpatizaba con esta última corriente, ya que, debido al conflicto bélico, muchos diputados no pudieron acudir a Cádiz y se tuvo que buscar sustitutos en esa ciudad, de ambiente más liberal. Por ello, finalmente se formó una cámara única, que sustituía la tradicional representación estamental. En la primera sesión de las Cortes se aprobó también el principio de soberanía nacional. Las Cortes con carácter constituyente estuvieron en funcionamiento hasta la promulgación de la Constitución de 1812. Posteriormente funcionaron como Cortes ordinarias y se trasladaron a Madrid en enero de 1814.

LA CONSTITUCIÓN DE 1812

La Constitución, de 384 artículos, trató de ser un intento de compatibilizar las tradiciones del pasado con el espíritu revoluciorio heredado de Francia. Los principios que se recogían en la Constitución fueron los siguientes:

• Reconocimiento de derechos del ciudadano: la igualdad de los españoles ante la ley, la libertad de pensamiento y opinión, la libertad civil, el derecho de propiedad, entre otros.
• La soberanía nacional: el poder reside en la nación.
• El sufragio era universal, masculino e indirecto y, para ser candidato a diputado, era necesario disponer de rentas propias.
• La división de poderes: el poder legislativo correspondía a las Cortes unicamerales y se encargaban de elaborar las leyes, aprobar los presupuestos y tratados internacionales y ejercía el mando sobre el ejército, entre otras funciones; el poder ejecutivo recaía en el monarca Fernando VII, quien dirigía el gobierno e intervenía en la elaboración de las leyes a través de la iniciativa y la sanción y poseía el veto suspensivo durante dos años; el poder judicial recaía sobre los tribunales de justicia.
• Se estableció la confesionalidad católica del Estado.
• Se creó la milicia nacional, es decir, un cuerpo de civiles armados para defender a la nación.
• Sentó las bases para la implantación de una enseñanza primaria, pública y obligatoria.

El contexto de la guerra hizo difícil su puesta en práctica y la restauración absolutista de 1814 la abolió. Ello no obvió su importancia histórica. La Constitución de 1812 significó la liquidación jurídica y política del Antiguo Régimen y la definición del primer sistema liberal español, por lo que se convirtió en modelo para las futuras revoluciones liberales.

LA LABOR LEGISLATIVA DE LAS CORTES

Además de la redacción de la Constitución, las Cortes de Cádiz realizaron una ingente obra legislativa destinada a eliminar el Antiguo Régimen y a organizar el Estado como un régimen liberal.

Como nombramos anteriormente, el 24 de septiembre de 1810 el primer Decreto de Cortes establecía la soberanía nacional, que dejó en las Cortes la representación de la soberanía.

Asimismo, se planteó un conjunto de reformas como la supresión de los señoríos jurisdiccionales, la supresión de la Inquisición, la eliminación de los mayorazgos y la desamortización de las tierras comunales con la finalidad de recaudar capitales para sanear la deuda pública. También se abolió la ley sálica.

Se aseguró la libertad económica con la supresión de los gremios, con la aprobación de la libertad de industria y de contratación y la libertad de cercado de tierras, poniendo así fin al predominio ganadero de la Mesta.

Y también se estableció una nueva división provincial y la creación de diputaciones provinciales.

Como ocurrió con la Constitución, la incidencia de estas reformas no fue efectiva, pues al finalizar la guerra, la vuelta de Fernando VII interrumpió la experiencia liberal y se retornó al absolutismo, como veremos a continuación.

EL REINADO DE FERNANDO VII

Al finalizar la guerra, Fernando VII regresó a España. Aunque debía regresar como monarca constitucional, el rey no aceptó las reformas legislativas y acabó restaurando el absolutismo. No sería un reinado exento de dificultades: seis años después el monarca viviría un golpe de Estado que le obligaría a acatar la constitución y convertirse en un monarca liberal.

EL SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820)

Cuando el monarca desembarcó en Valencia en abril de 1814, 69 diputados absolutistas, organizados, demandaron restaurar el absolutismo y publicaron el Manifiesto de los Persas, con el que consiguieron movilizar al pueblo. Fernando VII, que había prometido regresar como monarca constitucional, preparó el golpe de estado y acabó firmando el Decreto de Valencia de 4 de mayo de 1814, por el que se anulaban la constitución y las leyes de Cádiz y se restauraba el poder absoluto del monarca. Este hecho supuso, además, la detención y el asesinato de los principales dirigentes liberales, al menos de aquellos que no consiguieron huir hacia el exilio, que fue el primero de la España contemporánea.

Se restablecieron todas las antiguas instituciones señoriales, incluidos la Inquisición, los gremios y la devolución de los bienes desamortizados, entre otras acciones.

El contexto internacional favoreció la restauración del absolutismo, puesto que Europa presenciaba la caída de Napoleón y las monarquías absolutas se aliaban en la Santa Alianza.  Aun así, el monarca comenzó un difícil reinado, pues tenía que reconstruir un país azotado por la guerra, con un comercio paralizado, con las colonias luchando en su propio proceso emancipador, con la agricultura deshecha y las finanzas en bancarrota.

Reimplantar las antiguas instituciones señoriales e imponer los viejos tributos implicaba también activar las protestas del campesinado, ya acostumbrado a no pagar las rentas señoriales. También la burguesía reclamaba la vuelta al régimen constitucional.

Los gobiernos de Fernando VII fueron incapaces de dar respuesta a estos problemas y se iniciaron una larga serie de pronunciamientos militares que caracterizarían todo el siglo XIX español.  Ante los primeros seis pronunciamientos militares liberales, el rey actuó ejerciendo una implacable represión, dejando constancia de que no atendería las demandas políticas y sociales.

EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael de Riego, al frente de una compañía que se disponía a viajar de Sevilla para reprimir la insurrección americana, se sublevó. En pocos meses consiguió apoyos a lo largo de Andalucía y otras ciudades españolas, apoyos que fueron suficientes para que el monarca se viese obligado a aceptar la Constitución en marzo de 1820. Comenzó así el trienio liberal o periodo constitucional de la monarquía de Fernando VII. También se proclamó una amnistía de los presos políticos.

Tras el pronunciamiento se formó un nuevo gobierno y se convocaron elecciones que dieron como resultado el triunfo de los diputados liberales. Estos iniciaron rápidamente una nueva labor legislativa que permitió restaurar las reformas de Cádiz como la supresión de la Inquisición, la libertad de industria, la anulación de los señoríos jurisdiccionales y de los mayorazgos, la venta de tierras de los monasterios, la reconstrucción de la milicia nacional y la abolición de los gremios.

También aprobaron una disminución del diezmo e impulsaron la liberalización de la industria y el comercio, con la eliminación de las barreras a la libre circulación de mercancías.

Pero estas reformas no contentaron a todos los sectores. Por un lado, los campesinos percibieron las reformas como insuficientes, ya que la abolición de los señoríos jurisdiccionales no les facilitaba el acceso a la tierra. Más bien, los transformaron en arrendatarios de los antiguos señores, ahora convertidos en propietarios. Además, los diezmos, antes pagados con el fruto de sus cosechas, debían pagarse con la venta de sus productos, algo que resultaba muy complicado en una economía de autosuficiencia. Estos campesinos descontentos, los más empobrecidos, comenzaron una protesta antiliberal.

Por otro lado, otro sector perjudicado por las reformas fue el del clero y la nobleza, perjudicados por la rebaja del diezmo y la venta de bienes. Pronto protagonizaron alzamientos con el objetivo de reimplantar el absolutismo.

El mismo monarca, que se había visto obligado a aceptar el nuevo régimen, hizo uso de su derecho a veto y paralizó todas las leyes que pudo. Conspiró y buscó recuperar su poder entablando contactos con las potencias absolutistas de Europa.

Reflejo de las crecientes tensiones, entre los propios grupos liberales se empezaron a gestar dos tendencias: la de los liberales exaltados, que defendían reformas más radicales favorables a las clases medias y populares, y la de los liberales moderados, que buscaban otorgar mayor poder al rey y aplicar reformas que beneficiaran a las élites sociales (nobleza, clero y burguesía propietaria). Este grupo fue el que se mantuvo en el poder durante casi todo el trienio.

LA DÉCADA OMINOSA (1823-1833)

En este contexto de divisiones internas, en abril de 1823 (y ante las sucesivas peticiones de Fernando VII) el rey de Francia, Luis XVIII, con la aprobación de la Santa Alianza, envío  100 000 soldados (los Cien Mil Hijos de San Luis) a España con la intención de restaurar el absolutismo.

No se produjo una resistencia similar a la de 1808, pero las Cortes volvieron a establecerse en Cádiz huyendo de la intervención francesa. Y, aunque la Santa Alianza defendía una transición pacífica y la proclamación de una amnistía como estrategia para dotar de estabilidad a la nueva monarquía, el rey, rechazando estos consejos, actuó con una feroz represión contra los liberales. Ello obligó al exilio de aproximadamente 20 000 personas. La mayoría de ellos se refugiaron en el único país constitucional de Europa (Reino Unido), aunque, tras la revolución de París de 1830, algunos de estos exiliados buscaron refugio en Francia. Aquellos que no pudieron huir fueron encarcelados o asesinados, como el caso de Mariana Pineda en 1831, por el simple hecho de bordar una bandera liberal.

Al margen del problema de inestabilidad política, España vivía un problema económico acuciante. La pérdida de las colonias agravó la crisis de la Hacienda real y el rey solicitó empréstitos para sufragar los gastos militares y de la administración. Por ello, se aprobó una reforma fiscal, llevada a cabo por Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda. Esta reforma fiscal incluyó el diseño de los primeros presupuestos del Estado en la historia de España, entre 1828 y 1829, y la reducción de la deuda pública.

Esta reforma se hizo con la colaboración del sector moderado de la burguesía, lo que alimentó la desconfianza de aquellos sectores más absolutistas, que esperaban la restauración de la Inquisición y se mostraban descontentos porque  el establecimiento del absolutismo no había implicado la vuelta del Antiguo Régimen, entonces suavizado. Este hecho levantó protestas en Cataluña (guerra de los agraviados o malcontents), por parte de partidas realistas, que reclamaban más poder a los ultraconservadores. Asimismo, supuso el agrupamiento de dicho sector en torno a Carlos María Isidro, hermano del rey y previsible sucesor, pues Fernando VII hasta entonces no tenía descendencia.

LA CUESTIÓN SUCESORIA

En octubre de 1830 surgió el conflicto dinástico. Nació Isabel, la primera y única hija de Fernando VII y su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. Un mes antes del anuncio de su embarazo se había publicado la Pragmática Sanción de 1830, que promulgaba la Pragmática Sanción de 1789 que no llegó a ver la luz en su época y por la cual se derogaba la ley sálica (ley que impedía el acceso al trono a las mujeres).

El sector más ultraconservador de los absolutistas (los llamados carlistas, por su apoyo como sucesor a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, partidarios del Antiguo Régimen y opuestos al liberalismo) se negó a aceptar a Isabel como futura monarca. De esta manera, aunque tradicionalmente la lucha de Fernando VII había sido contra el sector de los liberales, ahora su mayor problema se encontraba en la facción absolutista. Ya no se trataba de una lucha por la legitimidad de uno u otro monarca. Era una lucha por imponer uno u otro modelo de gobierno.

Consciente de las dificultades que podría tener su hija para acceder al trono, la regente María Cristina buscó apoyos en los sectores más liberales del gobierno. Máxime cuando el rey enferma y es nombrada regente durante la enfermedad de su marido. En ese periodo, nombró un gobierno afín que decretó una amnistía que permitió la vuelta de 100 000 liberales exiliados. El nuevo gobierno se preparaba para el enfrentamiento con los carlistas.

El 29 de septiembre de 1833 muere Fernando VII, e Isabel, con tan solo dos años, fue proclamada reina. Esta quedaría como regente hasta su mayoría de edad. El mismo día, don Carlos se proclama rey también con el apoyo de un levantamiento absolutista en el norte de España. Con ello se inició la primera guerra carlista.

LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS

Las revoluciones por la Independencia en Hispanoamérica fueron repentinas, violentas y universales. Cuando en 1808 España se derrumbó ante la embestida de Napoleón, su imperio se extendía desde California hasta el cabo de Hornos, desde la desembocadura del Orinoco hasta orillas del Pacífico, el ámbito de cuatro virreinatos, el hogar de diecisiete millones de personas. Quince años más tarde, España solamente mantenía en su poder Cuba y Puerto Rico, y ya proliferaban las nuevas naciones. Con todo, la Independencia, aunque precipitada por un choque externo, fue la culminación de un largo proceso de enajenación en el cual Hispanoamérica se dio cuenta de su propia identidad, tomó conciencia de su cultura, se hizo celosa de sus recursos.

 (Las revoluciones americanas, 1808-1826. LYNCH, 2010)

Fuente: INTEF/ Ilustrador: J. A. Bermúdez (CC)

CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA

Las razones que llevan a las colonias americanas a iniciar una lucha por su independencia son varias. La nueva política de finales del siglo XVIII iniciada por los Borbones implicaba aumentar la situación de dependencia colonial de América. Los Borbones incrementaron el control económico y administrativos sobre sus colonias, y los principales cargos los ejercían los peninsulares, dejando fuera del sistema muchas veces a los criollos, (españoles nacidos en América). Este reformismo borbónico fue un ataque directo contra los intereses locales.

Por otro lado, las sociedades americanas fueron adquiriendo gradualmente identidad y forjando una independencia económica al desarrollar sus fuentes de riqueza, al reinvertir su producción y mejorar su economía de subsistencia.  Mientras España elevaba los precios del monopolio, mientras crecían la injusticia y la escasez, las colonias fueron ampliando las relaciones económicas entre sí y el comercio intercolonial se desarrolló eficazmente al margen del comercio transatlántico. Ante este crecimiento, evidentemente los intereses de los criollos no siempre coincidieron con los de la metrópoli. Prueba de ello es que España experimentó una disminución del tesoro que América debía enviarle. Ello significaba que las colonias se quedaban con una mayor parte de su propio producto y reinvertían en sus instituciones su capital.

En el proceso emancipador, supusieron una poderosa influencia e inspiración la revolución americana de 1776 y la francesa de 1789. Las ideas ilustradas y la independencia de EE. UU. ejemplifican la realidad del proyecto de independencia. La teoría ya se había llevado a la práctica, despertando la imaginación de los hispanoamericanos y los discursos de John Adams, Jefferson y Washington circulaban por América.

La guerra de Independencia española generó una crisis de legitimidad política, pues los americanos recelaban de los Borbones, no querían a los franceses y desconfiaban de los liberales. La promulgación de la Constitución de 1812, que declaraba a España y América como una sola nación, acrecentó los deseos de independencia. Pues, aunque a los americanos se les garantizaba una representación en Cortes, se les negó una representación igual y, aunque se les prometieron reformas, se les negó la libertad de comercio. Posteriormente, el implacable imperialismo de los gobiernos liberales españoles, acrecentó los deseos de emancipación y, una vez que las élites locales decidieron cómo diseñar el proceso de independencia, esta cobró impulso rápidamente.

EL PROCESO EMANCIPADOR

La independencia recorrió América en dos grandes movimientos: la del sur, muy rápida, avanzando desde Río de la Plata hasta el Pacífico a través de los Andes; y la del norte, más controlada por España, que dio comienzo en Venezuela hasta llegar a Nueva Granada, para posteriormente volver a su lugar de origen. Entre medias quedaba Perú, donde convergieron los dos movimientos. Al norte, la insurrección de México siguió su propio camino.

En lo que a la línea temporal se refiere, podemos establecer varias fases. De 1808 a 1815, al igual que ocurría en España, los criollos tampoco aceptaron la monarquía de José Bonaparte, y en América se percibió un vacío de poder similar al de España. También en América se formaron juntas que asumieron el poder en su territorio y que se mostraban leales a Fernando VII, aunque no reconocieron la autoridad de la Junta Suprema Central. En 1810, inspiradas por el ideario de las revoluciones americana y francesa, las juntas de Buenos Aires, Caracas y Santa Fe de Bogotá proclamaron su intención de separarse de España. Ni la representación americana en las Cortes de Cádiz detuvo el proceso de rebelión. Estas proclamas de independencia acabaron por contagiar a otros territorios a pesar de que el retorno del absolutismo acabó con muchos conatos independentistas.

Finalizada la guerra, en una segunda fase que podríamos acotar entre 1816 y 1823, los procesos emancipadores estaban ya más organizados, con Simón Bolívar y San Martín como principales libertadores. Entre ellos acordaron sus áreas de influencia en la Conferencia de Guayaquil. José de San Martín atravesaría la cordillera andina y conseguiría la independencia de Chile (1818), desde donde avanzaría hacia Perú. Por su parte, Bolívar, firmó un armisticio con el general español Morillo y derrotó a los españoles en Boyacá (1819) y Carabobo (1821), poniendo las bases para la creación de la Gran Colombia, territorio que daría origen a las repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Cabe recordar que, con el pronunciamiento de Rafael de Riego, los refuerzos para luchar contra el independentismo no llegaron a América. México conseguiría la independencia en 1821 de la mano de Agustín de Iturbide.

Entre 1823 y 1833 finaliza el proceso emancipador y comienza la formación de los estados nacionales. Tras las derrotas de Ayacucho (1824) y la independencia de Perú (1824) y Bolivia (1825), finalizó el dominio español de la América continental. Las colonias españolas se vieron reducidas a las islas de Filipinas, Cuba y Puerto Rico.

Mapa de libre disposición elaborado por el profesor José Javier Martínez.

LAS NUEVAS NACIONES. BALANCE DE LA INDEPENDENCIA.

A pesar del éxito del movimiento independentista y emancipador, no se solucionaron todos los problemas de fondo de la América hispana.

El proyecto de Simón Bolívar de crear una gran federación, la Gran Colombia, no prosperó por las rivalidades internas y los intereses enfrentados, por lo que acabó dividiéndose en varias repúblicas, nombradas anteriormente. Desde entonces, la injerencia del ejército en la vida política, así como el peso de los caudillos militares, ha sido una constante en Hispanoamérica.

El poder político y económico de las nuevas repúblicas formadas quedó en manos de una minoría que, aunque criolla, excluía del gobierno a la mayoría de la población india, negra y, en general, a la población pobre. Esta polarización de la sociedad latinoamericana en dos sectores, la minoría que monopolizaba los cargos públicos y la propiedad de las tierras, y la mayoría campesina y obrera, cobraría mayor ímpetu en años venideros.

Finalmente, la independencia política no implicó independencia económica. Aunque se puso fin al monopolio español, la dependencia española fue sustituida por la dependencia extranjera, especialmente la británica y en menor medida la de Francia y Estados Unidos. Los hispanoamericanos recibieron a los extranjeros partidarios de la libre competencia ya que aportaban el capital que necesitaban, así como productos manufacturados. Bolívar llegó a escribir:

 «La alianza con la Gran Bretaña es una victoria en política más grande que la de Ayacucho, y si la realizamos, diga Vd. que nuestra dicha es eterna. Es incalculable la cadena de bienes que va a caer sobre Colombia si nos ligamos con la Señora del Universo».

CANARIAS ANTE EL FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Canarias vivió durante este periodo de la contemporaneidad una época de cambio notable. Entre 1800 y 1820, especialmente Tenerife y Gran Canaria experimentaron un ciclo de fugaz crecimiento del modelo iniciado en las últimas décadas del siglo XVIII, debido al crecimiento del sector agrario exportador, que revitalizó la actividad comercial y, en menor medida, la manufacturera.

Las reformas liberales de las Cortes aliviaron parcialmente la presión de los competidores extranjeros, pero en general la situación era complicada y habría que sumarle los estragos de las epidemias de fiebre amarilla o de viruela.

Entre 1821 y 1850, los canarios fueron testigos del desmantelamiento de las instituciones del Antiguo Régimen y sus bases económicas. El interés radicó entonces en diseñar un modelo económico que permitiese superar la recesión provocada por la emancipación de las colonias y las sucesivas crisis agrarias. Estas crisis agrarias se debieron, en gran medida, a que la demanda de la barrilla y del vino era coyuntural, es decir, fue provocada por los conflictos bélicos. Restablecida la paz, se recuperó la oferta de vino de otras zonas y los precios se redujeron y llevaron a la quiebra a muchas empresas comerciales. En el caso de la barrilla, esta fue sustituida por productos industriales más baratos, como la sosa artificial.

Otro factor que contribuyó a acentuar la crisis fue la independencia de la América española. Este hecho acabó con el papel de Canarias como oferente de servicios de apoyo a la navegación y de intermediación de productos europeos y americanos al reducirse el tráfico marítimo.

En cuanto a la sociedad canaria, esta era una sociedad tradicionalmente agraria que dependía de exportar sus cultivos dominantes (vinos y barrillas) y luchaba contra la competencia lusa, andaluza, siciliana y levantina.  También se encontraba sometida al control de la nobleza en sus señoríos territoriales y jurisdiccionales. La burguesía comercial, a menudo era extranjera, y la gran mayoría de la población era campesina sin tierras o con unas tierras insuficientes. Hecho que contextualiza la emigración de este periodo.

En conclusión, la implementación del sistema liberal fue simultánea a la acentuada crisis económica que en las próximas décadas acabaría por agravarse aún más.  

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